La protesta popular del 27 de febrero de 1989 ha sido catalogada tradicionalmente como una expresión espontánea del pueblo venezolano ante un sistema socio-político y económico que ahogaba a los sectores más empobrecidos de la sociedad y los condenaba a la indigencia, no obstante, sería necesario preguntarse si este espontaneísmo de la protesta popular no implica de por sí un ejercicio reflexivo en torno a los símbolos más contundentes de la opresión capitalista.
La explosión social de febrero de 1989 es la consecuencia política de varias décadas de gobiernos ineficientes, desvinculados de la realidad social y económica de los sectores más empobrecidos, y de la traidora aplicación de un programa de ajuste estructural neoliberal por parte del gobierno “populista” de Carlos Andrés Pérez (CAP), en ese sentido, si bien la población venezolana no salió a la calle con un elaborado contenido programático, si salió a atacar a los símbolos más cercanos de su explotación y su empobrecimiento. El autobús y los abastos fueron los primeros atacados, pero a ellos le siguieron los comercios de electrodomésticos, y lo que fue criminalizado como vandalismo no era más que la reacción de una sociedad empobrecida ante un sistema que ostenta permanentemente bienes a los que no puede acceder.
Asimismo, el espontaneísmo del 27 de febrero despertaba en cientos de personas -“como un sacudimiento eléctrico”- el sentimiento y la conciencia de clase, producto del “carácter intolerable de su existencia social y económica” (tal como diría Rosa Luxemburgo en sus Escritos Políticos). Es así como el 27 de febrero se convierte en un hito de nuestra historia contemporánea, producto no sólo de las múltiples violaciones de los derechos humanos llevadas a cabo por el gobierno de CAP, sino por su configuración como el elemento de impulso para la organización popular de la sociedad venezolana (sin obviar las formas organizativas ya existentes para 1989).
Conforme con ello, resultaría erróneo concebir a los sucesos del 27 de febrero como un hecho aislado, contrariamente éstos se convierten en el signo unificador de décadas de opresión, teniendo que lo que surgió como un hecho espontáneo se ha convertido a posteriori en un proceso de organización popular que inició a través de un ciclo de protestas que perseguía la reivindicación de los derechos de la población, que continuó con el proceso organizativo por el reclamo de muertos y desaparecidos, pero que fue dando lugar a la lucha por la transformación del sistema político y económico neoliberal… Por lo que una vez más es necesario recordar a Rosa Luxemburgo cuando señala que: “las revoluciones no se aprenden en la escuela”, y es la organización el producto de la lucha.
Sin embargo, a 21 años del “Caracazo” es claro que la formación política de los procesos organizativos resulta de suma importancia para la trascendencia y permanencia de los cambios revolucionarios en el tiempo, más esto no implica que se subestime el valor de las acciones populares espontáneas; tal como el mismo Lenin diría: no se trata de rendir culto al espontaneísmo, sino de entender su papel en la lucha histórica, así como también de comprender los retos teóricos, políticos y de organización que de ello derivan para la lucha anticapitalista.
En ese sentido, las protestas populares del 27 de febrero de 1989 constituyen el punto de quiebre de mayor envergadura en los últimos tiempos de la sociedad venezolana, conformándose como el momento unificador que posibilitaría no sólo la llegada al poder del presidente Chávez, sino todo un período de crecimiento de la organización popular. Organización que sin duda debe seguir fortaleciéndose, construyéndose y reconstruyéndose sin perder de vista la formación política pero a la vez sin subestimar a los poderes creadores de los sectores populares.
Germania Fernández F
Socióloga de la Universidad Central de Venezuela, actualmente estudiante de la Maestría en Estudios Latinoamericanos, de la Universidad Andina Simón Bolívar, sede Ecuador.
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