“Lecciones” del golpe en el ECUADOR de la revolución ciudadana
FOTOGRAFÍA: Luis Herrera
S. Herrera y A. Santillana para ¿Qué hacer?
Hoy por la mañana nos encontramos con una protesta, por demás, contradictoria y extraña. Policías reclamando sus derechos laborales; tomados las oficinas y quemando llantas. Sus demandas respondían a los cambios en la Ley de Servicio Público, en la cual el presidente R. Correa intenta cambiar el sistema de bonificaciones y de méritos hacia un sistema de compensaciones y salarios similar al resto de servidores públicos. Tomados las calles bajo consignas como “el pueblo uniformado también es explotado” y "La tropa unida jamás será vencida", el resto de la población se preguntaba: ¿y ahora quiénes los van a reprimir?
Pero no fue un hecho simple y anecdótico, es una estructura de poder estatal que tiene en sus manos las armas de represión, que se insubordina a la estructura y que a lo largo del día se fue extendiendo hacia otros lugares. En un primer momento, la reacción imprudente del R. Correa fue llegar al lugar a controlar la situación, pero sus declaraciones y actitud de patrón terminaron por encender los ánimos de la tropa. Así, con los límites físicos del presidente recientemente operado de una rodilla, la reacción violenta de la policía y la debilidad de la escolta, no lograron mantener su seguridad. El presidente terminó en el hospital de la policía, y luego de eso, denunció que permanecía secuestrado y que había un intento de golpe.
Hasta ese momento ese proceso parece ser anecdótico, pero el desarrollo de los acontecimiento se extienden hacia otras zonas y sectores; miembros de la policía cercaron el Ministerio de Defensa, hicieron protestas en la Comisión de Transito, quemaron llantas en el sector de Carapungo, cerraron la Terminal Terrestre Quitumbe rechazando al gobierno y gritando que, “como en Cuba”, Correa es un dictador. Pero los policías reclamaban también los juguetes de sus hijos y las ocho horas laborables. Grupos de policías patrullaban las calles, robando celulares, golpeando personas y atemorizando a la población. Además se reportaron protestas de policías en Santo Domingo de los Colorados, Ibarra, Guayaquil, Ambato, Cuenca, Chone, Loja, Machala, Huaquillas, y otras varias ciudades.
Además, el aeropuerto de Quito suspendió sus operaciones hasta la tarde, debido a que estuvo tomado por militares de la Fuerza Aérea quienes con pancartas impresas sostenían que “las fuerzas militares no son de todos sino de los oficiales”, y reclamaban sus derechos, negándose a los “atropellos de las fuerzas militares”; y bajo las consigna de que “el pueblo uniformado también es explotado”, se tomaron la pista.
Activos de la Comisión de Transito del Guayas realizaron una marcha de apoyo a los uniformados
Paralelamente, se reportaron una ola de actos delincuenciales en otras ciudades, muchos comercios, los bancos cerraron sus operaciones y se limitó el transporte. Hubo reportes de acciones contra periodistas y los canales de televisión; hacia ya el final de la tarde un grupo de personas intentaron tomarse las instalaciones de Ecuador TV –encabezadas por Pablo Guerrero el abogado de Lucio Gutiérrez (ex militar y ex presidente)– y finalmente policías cortaron las señales del canal público. Pero el reporte de los acontecimientos se mantuvo en señal abierta gracias a Teleamazonas y Ecuavisa.
Dada la tensión en las calles y la magnitud de la insubordinación, el Ministerio de Educación suspendió oficialmente las clases. Al tiempo que la “estructura” de Estado (Ricardo Patiño, Canciller y Doris Solís, Subsecretaria de pueblos), convocaron a la población para defender y rescatar al presidente, aplicando la estrategia usada en otras coyunturas, hubo rumores de que se pidió a los tenientes políticos, juntas parroquiales, alcaldes y concejos provinciales del partido de gobierno que se movilizaran–.
A las calles salieron miles de personas entre ciudadanos y militantes el Partido Socialista, Alianza País, la Coordinadora Nacional Campesina y la Fenocin, se apostaron en el palacio de gobierno y las inmediaciones del hospital de la policía donde se encontraba el presidente. Además se dieron varias acciones en otras provincias y ciudades. Así, por la tarde se declaró el estado de excepción y se pidió el resguardo interno por parte de las Fuerzas Armadas, aunque estas no salieron a las calles.
A lo largo de la tarde grupos de simpatizantes del gobierno y organizaciones que si bien no apoyan al gobierno, estuvieron contra cualquier intento de golpe militar y policial –un manifestante contaba que estuvo enfrentando a la policía no “porque esté con el gobierno, sino que estos “chapas cabrones” (policías) nos obligan a defenderlo”–. Estos grupos y organizaciones se agolparon en torno al hospital, ahí se concentró el enfrentamiento a la policía insubordinada. Con piedras y escudos improvisados, la población enfrentó a los uniformados que llevaban, por su parte, banderas del Ecuador en su rostro, macanas y bombas lacrimógenas. En las calles, se vivió una verdadera lucha campal frente a una policía que reaccionaba violentamente contra camarógrafos y transeúntes creando un ambiente de persecución y terror. Al rededor de las 21 horas, los grupos especiales de la policía GIR y GOE y miembros del Ejército, iniciaron un gran operativo de rescate, enfrentándose a tiros y bombas lacrimógenas, sometiendo finalmente a los policías sublevados. Alrededor de las 21h30, en una silla de ruedas y máscara antigas, sacaron al presidente del tercer piso en el que estaba, mientras el enfrentamiento continuaba. Hasta el momento no se entiende y es sospechoso, cómo una reivindicación salarial terminó en un grupo de policías y francotiradores atrincherados en el hospital, enfrentados a tiros con los militares. ¿Fue ésto un proyecto planeado? ¿o fue tomando cuerpo con el pasar de las horas?
Las acciones y el desarrollo de los hechos fueron muy rápidos, no es posible cubrir todo lo acontecido y además adquirió una dimensión no esperada. Aquello que parecía una mala broma del “país de las maravillas”, hoy tiene un tufo a golpe de Estado, aunque luego de lo ocurrido hayan sectores que aún reduzcan estos acontecimientos a la acción irresponsable de un pequeño grupo de oficiales del Regimiento Quito. La jornada terminó con las declaraciones y discursos del presidente en el balcón del Palacio de Gobierno, en donde se concentró en la denuncia del complot que estaba tras los “mal informados” policías que fueron engañados por infiltrados del PSP (Ricardo Patiño contó que al interior del hospital habían algunos uniformados que coreaban por Lucio Gutiérrez y la mañana siguiente los medios mostraban tomas en donde policías gritaban “viva Lucio”). Según el presidente, estos policías habrían sido engañados porque las acciones de gobierno y los cambios en la ley lo que han hecho es dignificar la condiciones de trabajo y mejorar los salarios (según la información de gobierno los salarios de tropa se incrementaron en un 85%, pasaron de 355 dólares a 792).
Por otro lado, más allá de los riesgos y el peligro del enfrentamiento, en las calles cientos de simpatizantes del gobierno salieron a defender a su presidente y cientos de ciudadanos salieron a contener cualquier posible golpe. Pero, aunque en teoría una demanda por los derechos laborales es justa y en el marco de los derechos de los trabajadores, cualquier acción de apoyo debería ser bienvenida, también hubo movilizaciones y acciones de apoyo a los policías. Así, terminaron en un triste encuentro en las calles de policías y organizaciones de izquierda en contra de R. Correa.
Según el periódico El Comercio en su cuenta de Facebook: la Federación de Estudiantes Politécnicos se organizó para ocupar elredondel del Coliseo Rumiñahui. Mientras que el Frente Revolucionario de Izquierda se unió a la protesta de los policías.
Las instalaciones de la Gobernación de Cotopaxi fueron agredidas por integrantes del Frente Revolucionario de Izquierda Universitaria (Friu). El hecho sucedió a las 09:30. Según Ramiro Vela, jefe de la entidad, los estudiantes aprovecharon el paro de la Policía Nacional para ingresar a la fuerza.
Al mismo tiempo, en Quito, los estudiantes del Friu se apostaron cerca de la Universidad Central en apoyo a los policías y llamaban a la movilización contra R. Correa. El frente de trabajadores petroleros y algunos sindicatos de servidores públicos, se reunieron en el FETRAPEC a la espera de acciones conjuntas con otras organizaciones. Se reportó ahí que algunas organizaciones se tomaron instalaciones públicas y salieron las calles.
Simultáneamente, la misma página Facebook cuenta que, el Movimiento Indígena y Campesino de Cotopaxi (MICC) se reunió en su sede en Latacunga. Según Dioselinda Iza, presidenta, se pidió el respeto a la democracia y los dirigentes se mantendrían en reuniones permanentes en espera de las resoluciones del Movimiento Pachakutik -el cual hizo emitió comunicados en respaldo de los uniformados y exigiendo la renuncia del presidente–. Lourdes Tiban, dirigente del movimiento y asambleísta de Pachakutik, también hizo declaraciones a favor de los uniformados y criticó fuertemente al gobierno.
La CONAIE, la Ecuarunari y varios movimientos y organizaciones sociales, no lograron consensos sino hasta las 2 pm de la tarde. Encontraron en la actitud beligerante del gobierno la responsabilidad de las manifestaciones populares y las demandas justas de la tropa, pero se negaron a apoyar cualquier intento de golpe y llamaron la atención a los peligros de ser usados por la derecha y oportunistas resaltando, la necesidad de reinstituir la democracia y Estado plurinacional.
No había en campo popular había una postura unificada y clara sobre lo que se estaba viviendo, aunque por el mismo dinamismo era difícil hacerlo. Al interior del Movimiento indígena las distintas posturas ideológicas, estratégicas y políticas, marcaron diferencia entre la dirigencia de sus organizaciones y el movimiento político. Se evidenció el débil debate e interpretación histórica, no solo coyuntural, que permita leer el momento político y ubicar las capacidades reales de las organizaciones para posicionar demandas, capitalizar el acumulado social y mantener una coherencia política.
Cerca a los movimientos sociales
Este fue un día de sorpresas, nadie en el país siquiera imaginó una acción de esta naturaleza. Para las organizaciones de izquierda y el movimiento indígena el saldo puede ser negativo dado el final triunfalista para el gobierno que reafirma su razón y forma de hacer política, pero también este momento podría significar una oportunidad para que el gobierno entienda la necesidad de radicalizar un proceso de transformación en diálogo y alianza con las organizaciones sociales.
En la coyuntura, el debate se realizó en dos tiempos. Primero, el espacio generado por la CONAIE: aunque demoró en lograr una posición adecuada, en medio de los sentimientos encontrados y las críticas al gobierno, reflexionó considerando el peligro de hacerle el juego a la derecha, repuso las posiciones democráticas (“ninguna posición favor de cualquier golpe de Estado”) y decidió mantener la crítica y responsabilidad del gobierno sobre lo sucedido. En ese sentido, la declaración de nunca más una dictadura en América latina emitida por la Ecuarunari, marca una mayor claridad política y estratégica con el momento que se vivió. Sus puntos centrales fueron: exigencia de mantener orden constitucional y vigencia del Estado plurinacional, oposición frontal al golpe de Estado, memoria sobre las dictaduras viejas y recientes que ha vivido el continente, llamado a coherencia política e identificación clara de quienes se beneficiarían con un golpe de Estado. Segundo, las organizaciones de izquierda: la bancada del MPD con el PK que se denomina Alianza Plurinacional de Izquierda, organizaciones del Frente Popular y Petroleros, presionaban por posiciones más radicales y a favor de la renuncia de R. Correa con la idea de que es “el momento de hacer retroceder en las calles y con la movilización popular, las posiciones reaccionarias y autoritarias del gobierno”, y que cualquier posición a favor de la democracia es una posición a favor del gobierno, el mismo que los ha enfrentado durante cuatro años. Ambas posiciones mostraron el resentimiento político con R. Correa. Y las acciones precipitadas de algunos dirigentes, las reacciones más intestinas. Olvidándose la profunda debilidad y dificultad de las organizaciones en este contexto para posicionar demandas, contenidos de leyes y enfoques; y esperando “extrañamente” que en un contexto de caos y con actores vinculados con sectores reaccionarios y de derecha del país, pescar a río revuelto hubiera permitido a las organizaciones populares conseguir la transformación.
El dinamismo del contexto no permitió una lectura adecuada de los procesos que están en juego, ni del tiempo que demoraría la insubordinación. El movimiento se negaba a ser usado y se encontró con el dilema de que, por el carácter descentrado y flexible de su organización, parte de sus bases (con una fuerte relación y dependencia con los proyectos de Estado), quieran o no, serían interpeladas a la movilización a favor del gobierno, con lo cual, sería difícil explicar luego: cómo es posible que sus posiciones o declaraciones sean anti-correistas, mientras sus bases están en las calles. Así, se decidió por una postura que no demanda la destitución del gobierno, pero si critica su manejo autoritario y antipopular. La defensa de la democracia y el llamado a estar alertas a la movilización, resuelve sus posiciones y contradicciones internas, además de que es un buen paso a restablecer su cercanía con la sociedad, hasta ahora fuertemente correista y liberal.
Para el bloque legislativo plurinacional y de izquierda, en especial al MPD, y luego para los sindicalistas (organizaciones con estructuras orgánicas, con marcos ideológicos de cohesión interna mucho más fuertes y que hacen de sus reivindicaciones corporativas conquistas sociales que les permiten reproducir el gremio), las organizaciones y los movimientos “no pueden renunciar a la movilización y a la lucha en las calles”, dado que su acción en las calles siempre los favorece, sea con votos o con negociaciones parciales de sus demandas. Con lo cual, centran su estrategia en la búsqueda de defensa del gremio y en las conquistas parciales, más que en la recomposición de los lazos con la sociedad, correista y liberal.
¿Qué hacer?
No es nuestro interés adoptar una actitud moral frente a una u otra posición frente tal contexto, sino, mostrar la complejidad a la que nos somete la coyuntura, en especial si consideramos las cosas que “estaban o están en juego”. Y además que, más allá de lo coyuntural, nos plantea preguntas que están presentes en los distintos ciclos de movilización del país. ¿por qué el campo popular tiene tanta dificultad para construir procesos menos coyunturales y con mayor capacidad de articulación y hegemonía? ¿Cuáles son estas condiciones de la contienda política que permite a los actores articularse?
Lo primero es saber si esta fue o no una acción de la “derecha”. Creo que en este sentido, la CONAIE ubicó un punto importante. La insubordinación de la policía es un claro indicador de que los cuatro años de gobierno, no han podido desmontar los instrumentos reales del poder, un trabajo que sería coherente con sus discursos de transformación. Aunque se puede aceptar que las demandas de las tropas son justas y es necesario solidarizarse con ellas, eso no justifica una acción que termina solidarizándose con la práctica concertada de varios sectores de la policía, las fuerzas armadas y la presencia de PSP. Así como no podemos olvidar que la Policía es una institución que ha sido el instrumento de represión de todos los gobiernos y que en sus procesos de formación y grupos de seguridad han mostrado relaciones con la CIA.
Lo segundo es pensar a quien favorece la movilización. Efectivamente, las movilizaciones de los 90 encabezadas y levantadas por el MIE (Movimiento Indígena Ecuatoriano) y las organizaciones populares, permitieron que su resistencia al neoliberalismo se tradujera en una creciente sensibilización social y posibilidad electoral que terminó con el éxito de una fracasada alianza de “izquierda” que llevó al poder a Lucio Gutiérrez. El problema es que esta coyuntura, está lejos de ser encabezada y levantada por las organizaciones populares, mucho menos recogen el descontento de la población frente al neoliberalismo, no olvidemos que la gestión de este gobierno, aunque no nos guste, tiene un alto grado de aceptación, de hecho, los cientos de personas en las calles, unos por el presidente y otros contra el golpe, lo muestran.
Tercero, ¿hacia donde pueden ir los resultados? En esta perspectiva, si aceptamos que esta insubordinación fue orquestada por la derecha, en un contexto de alta popularidad del gobierno y falta de oposición las fuerzas armadas, la insubordinación nos lleva a pensar dos cosas: en el caso de existir una hipotética derecha sólida con la capacidad de manejar las redes de poder, lo que estaban haciendo es medir proceso de la revolución ciudadana, su capacidad de movilización y la animadversión de la sociedad o la de los grupos organizados: los resultados muestran que el gobierno ha avanzado algo en los procesos de organización, la popularidad del gobierno no es un problema de cifras y que la capacidad de movilización de los grupos organizados es débil. Además, la Asamblea de Mujeres Populares y Diversas, ubicó otra reflexión a mi parecer central, la derecha o una parte de ella, probablemente la más retrógrada, estaba mostrando su capacidad de manejo de los instrumentos de poder y su intención fue la de disciplinar al gobierno y profundizar su tendencia hacia la derecha, “obligarlo a negociar con al derecha”.
Finalmente, la demora de la CONAIE, las diferentes posturas al interior de la izquierda y los movimientos, mostraron que la posibilidad de construir unos principios claros de unidad o, en términos gramscianos, la necesidad de lograr una hegemonía interna que permita la articulación orgánica del conjunto de fuerzas progresistas, es un proceso largo y a pensarse. Mientras que, en el contexto actual de debilidad interna de los movimientos, en un escenario con o sin Correa, civil o militar, no tienen la posibilidad de posicionar una figura y un discurso que permita recomponer la alianza con la sociedad.
El problema central sigue siendo la política de R. Correa. La reacción lenta y cauta de las organizaciones, la extensión insubordinación y su capacidad de seducir a varios sectores de la sociedad, no es sino el efecto de las formas de hacer política de este gobierno. Aunque, efectivamente la policía pudo ser infiltrada por fuerzas reaccionarias y algunas organizaciones de izquierda pueden equivocarse en sus lecturas sobre la coyuntura, su penoso papel en las calles en contra de quienes defendían a Correa y que estaban contra cualquier intento de golpe y las reacciones para no salir a defender este proceso son posibles porque hay una hostilidad al presidente y la Revolución Ciudadana, la acción política del gobierno, abren cancha para la acción tímida y el oportunismo de derecha. Pero son posibles también por la clara debilidad que tienen las organizaciones, y porque también opera una suerte de cálculo político y de expectativas poco posibles en un momento en donde no son las organizaciones sociales las que marcan la capacidad de radicalizar al gobierno, ni han logrado construir una propuesta programática desde la izquierda.
Luego de la Constitución, el proceso de reformas políticas y legales no tienen o no van por el consenso y diálogo popular, las reformas no avanzan en transformaciones profundas sino que mantienen los ejes de acumulación del capital que afectan a las organizaciones –un modelo extractivista, control privado del agua, la concentración de recursos productivos, concesión de recursos a transnacionales, etc.–, su acción política que no fortalece a las organizaciones populares existentes sino que termina criminalizándolas, carácter patronal del presidente reciente la vida pública, sus posiciones frente a los derechos sexuales ha sido conservadora, mantiene procesos judiciales a dirigentes populares acusándolos de terroristas.
Una opción es una interpretación adecuada de la debilidad y fortaleza del gobierno frente a la capacidad de la derecha, lo cual le permitiría reafirmar su agenda progresista y la constitución, de tal forma de encontrar una nueva alianza con las organizaciones populares. Pero su actitud triunfalista y su actitud patronal, así como su reforma y alianza con las fracciones de derecha, lejos está de ir por el fortalecimiento de las organizaciones populares. Así mismo queda aun mucho camino por recorrer para que la construcción de una hegemonía del campo popular pueda materializarse y no se preste a encuentros coyunturales y alejados del sentir de la población.
Fuentes de la cronología
http://www.elcomercio.com/ec-30septiembre/noticias/Home.html
http://www.facebook.com/Diarioelcomercio
http://twitter.com/Elcomerciocom
http://www.eluniverso.com/2010/09/30/1/1447/diez-horas-sin-vigilancia-policial.html?p=1354&m=1775
http://ecuador.indymedia.orgVenezolanos en Ecuador no faltaron a la cita electoral
La comunidad venezolana residente en Quito participó en el proceso electoral de este domingo. Los votantes ejercieron su derecho para elegir representantes al Parlamento Latinamericano. Acompañando al proceso, movimientos sociales de la capital ecuatoriana realizaron un acto cultural a las afueras de la embajada.
Quito, 26 de septiembre de 2010.- Con respeto y entusiasmo, los venezolanos residentes en la capital ecuatoriana asistieron este domingo a la Embajada de Venezuela en Quito para ejercer su derecho al voto.
Tal como señaló la presidenta de la mesa instalada en esta misión diplomática, Maira Funes, la participación de electores fue satisfactoria y el proceso se realizó con total normalidad.
En Quito están inscritos un total de 283 venezolanos. Tal como indicó Funes, la participación estuvo cercana al 40 por ciento. La mesa fue abierta desde las 6:00 de la mañana, sin embargo, el mayor número de votantes asistió a la cita en horas de la tarde. El proceso contó con testigos del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y de Primero Justicia.
Los venezolanos asistieron en familia y con alegría a votar, en una cita que no sólo les significó participar como electores, sino también reencontrarse con muchos de sus compatriotas.
“Es nuestra responsabilidad, nos están preguntando y entonces nos toca decir qué queremos. El proceso muy rápido y todo bien”, comentó la electora Karla Díaz, caraqueña, quien reside en Quito desde hace año y medio.
Por su parte, Juan Villasmil, marabino con 25 años de residencia en esta ciudad, comentó que desde siempre ha participando en los procesos electorales venezolanos, a pesar del largo tiempo que lleva fuera del país.
“Creo que el voto debería ser obligatorio, porque si no votamos con qué derecho vamos a quejarnos. Y nosotros, estemos o no estemos en Venezuela, siendo venezolanos tenemos el sentimiento y el corazón con todo lo que pasa allá”, dijo Villasmil.
Al proceso comicial le acompañó una actividad cultural organizada por movimientos sociales de Quito, quienes se acercaron a la sede de la Embajada de Ecuador para mostrar sus respetos y apoyo por el proceso electoral venezolano.
Así, grupos musicales exponentes de la salsa, la trova, el rock, el hip hop y la música andina, provenientes no sólo de Ecuador sino también de Bolivia y Colombia, animaron la jornada lanzando consignas en apoyo a la Revolución Bolivariana.
Santiago Arguello, de la agrupación Son País, exponente de música latinoamericana, dijo que su presencia respondió a la solidaridad que como latinoamericanos sienten por el proceso de cambios que se llevan a cabo en Venezuela.
“Somos cultura y queremos resaltar ese sentimiento de nuestra gran patria, que no hay fronteras entre nuestros países”, destacó.
Los venezolanos en Ecuador también contaron con centro de votación en el consulado de Guayaquil, en la provincia de Guayas, donde un total de 87 votantes se encontraba registrado para ejercer su derecho.
Rosa Raydán
Defensora del pueblo de Venezuela afirma que estas elecciones en Venezuela son la más incluyentes
La Defensora del Pueblo en Venezuela, Gabriela Rámirez, expresó este domingo que las elecciones parlamentarias que se están realizando en ese país se diferencian de otras anteriores en el grado de inclusión que ha mostrado con la ciudadanía, especialmente con las comunidades que anteriormente eran desasistidas. "Las comunidades indígenas y las rurales ahora tienen la posibilidad de acceder más rápido a los centros de votación debido a las nuevas políticas públicas y al gran despliegue del Consejo Nacional Electoral (CNE) ", afirmó en un contacto directo con teleSUR.
Rámirez puntualizó que hay más de 700 fiscales distribuidos en los centros de votación de la capital, así como la activación de 300 tribunales, para que los ciudadanos puedan denunciar cualquier irregularidad. Señaló también que las personas con discapacidad han contado con la ayuda necesaria por parte de los defensores de pueblo y los fiscales en cuanto al traslado y a la atención preferencial, con el fin de que no tengan que tardar tanto en las colas de los centros de votación . "Nosotros tenemos la responsabilidad de velar por el voto como derecho humano", afirmó. En estas elecciones parlamentarias los centros penintenciarios también cuentan con mesas de votación, "porque el fin es no excluir a nadie de los comicios" apuntó. La Defensoría del pueblo cuenta con el apoyo de más de 35 consejos de defensa de Derechos Humanos (DD.HH.) y con activadores comunitarios que han hecho hincapié "en decirle al pueblo la importancia de las elecciones". "Queremos transmitir a las comunidades más pobres, que requieren atención directa, la importancia de la decisión que estamos tomando como país", acotó. Destacó que los comicios, hasta los momentos se han realizado sin irregularidades trascendentales y con la participación reflexiva de los habitantes. "Podemos decir que el proceso ha transcurrido en paz, en total normalidad, con personas expresándose de manera alegre y cívica y con lo más importante: la participación consciente del ciudadano", agregó.
Atención extra para damnificados
Con relación a los damnificados que dejaron las fuertes lluvias que cayeron durante los últimos dos día en el oeste de la capital venezolana, Ramírez informó que los defensores y fiscales han enfatizado la atención a ellos debido a su vulnerabilidad. "Ayer (sábado) estuvimos en los refugios para monitorear el traslado de los mismos a los centro de votación (Â…) también pensamos, entre los fiscales, hacer una cooperación modesta con productos imperecederos", añadió Ramírez. Por último, ratificó el llamado al voto para que toda la ciudadanía participe en los comicios parlamentarios. "Hemos sido bendecidos por un extraordinario clima a pesar de los días precedentes (Â…) Vayan todos a votar(...) nosotros somos los responsables de establecer las reglas del juego en el parlamento nacional (Â…) vengan a votar que la democracia venezolana está en su máxima capacidad para acoger la decisión de cada uno de ustedes", señaló. En estos procesos comiciales participaran activamente un total de 17,2 millones de electores, los cuales 165 nuevos miembros de loa Asamblea Nacional Venezolana, 12 Diputados al Parlamento Latinoamericano y tres representantes indígenas.
Tomado de Telesur
Lucha política y los orígenes de la crisis
Mientras Europa se prepara para la movilización política y hasta se hacen varios llamados a huelga general, en Estados Unidos vino y se fue el Día del Trabajo. Es claro que en medio de la crisis y el elevado nivel de desempleo existente en ese país, realmente no hay nada que celebrar.
En casi todo el mundo el día del trabajo se celebra el primero de mayo en memoria a los mártires de Chicago, un grupo de sindicalistas anarquistas ejecutados en esa ciudad en 1887 por su participación en la huelga de Haymarket el año anterior. En Estados Unidos la celebración es el primer lunes de cada septiembre, porque se le quiso evitar cualquier conexión con los hechos sangrientos de aquella huelga y la represión que le siguió.
Hoy la falta de movilización en Estados Unidos es reflejo del triste estado en el que se encuentra el movimiento sindical. La reforma laboral que se impuso a partir de los años ochenta (iniciada cuando Ronald Reagan despidió al sindicato de controladores aéreos) condujo al debilitamiento de los sindicatos en casi todas las ramas de la actividad económica. En la actualidad sólo una minoría de la fuerza de trabajo ocupada milita en un sindicato. Lo importante es que el estancamiento en la evolución de los salarios en la economía estadunidense está correlacionado con el debilitamiento y desaparición de los sindicatos. Además, la incertidumbre y el miedo a perder el empleo promueven la desmovilización. Por eso se dice que las crisis favorecen a la derecha, y eso es algo que quizás vamos a observar en las elecciones de noviembre en Estados Unidos.
Desde el punto de vista legal y político, la realidad es que la clase trabajadora en Estados Unidos se encuentra mucho más desprotegida que en Europa. En lo político, no sólo se debilitaron los sindicatos, sino que las prioridades políticas del Partido Demócrata, tradicionalmente cercano al mundo laboral, se fueron corriendo hacia la derecha.
Desde el punto de vista legal, en Estados Unidos se impuso hace mucho la falacia de la flexibilización laboral con el fin de eliminar las "distorsiones" en el mercado de trabajo. Varios factores incidieron en esto. La liberalización comercial y financiera condujeron al traslado de miles de empleos a países como México y después a China.
El mundo académico también puso su granito de arena. En los modelos de la teoría macroeconómica se construyó la ficción del "mercado laboral", que sirvió al poder para desarrollar modelos que justifican la presión a la baja en los salarios. Este golpe de propaganda es uno de los más grandes éxitos del neoliberalismo. La premisa básica es que los salarios se determinan por la ley de la oferta y la demanda. Así, la academia"descubrió" que cuando bajan los salarios las empresas contratan más trabajadores. Pero ese modelo no tiene ni pies ni cabeza y cualquier persona familiarizada con la teoría económica puede fácilmente observar que el mítico mercado laboral es un concepto indeterminado (o lo que es equivalente, el mercado laboral no existe). Además, por lo menos desde Keynes está claro que la causalidad está invertida: cuando los salarios caen, se reduce la demanda agregada, se contrae la inversión y se genera mayor desempleo.
El otro gran triunfo mediático del neoliberalismo en Estados Unidos está relacionado con los orígenes de la crisis. Los medios han machacado hasta el hartazgo la idea de que la crisis se genera por la especulación y la desregulación en el sector bancario. Por eso predomina la sensación de que la crisis es esencialmente financiera. Se ignora que el modelo económico estadunidense comenzó a sumergirse en desequilibrios y restricciones desde hace 30 años.
El estallido de la crisis es el choque con el piso, pero la caída comenzó hace mucho. El pueblo estadunidense debió haber percibido el estancamiento salarial, pero no lo hizo porque la demanda agregada se apuntaló con crédito fácil y una política monetaria que favorecía ir dando tumbos de burbuja en burbuja.
La actual crisis es la más devastadora en siete décadas. En el crisol de esta debacle se deben resolver problemas de la economía real, que sistemáticamente fueron disfrazados por las autoridades económicas estadunidenses durante años. Aún hoy, la Casa Blanca, la Reserva Federal y el Departamento del Tesoro siguen negando la profunda conexión entre la crisis y los problemas que aquejan a la economía real, comenzando por la desigualdad en la distribución del ingreso. Por eso nadie habla de cambiar ese modelo. El nuevo paquete de estímulo fiscal propuesto por Barack Obama (50 mil millones de dólares) ni siquiera se acerca a rascar la superficie de los problemas estructurales de la economía estadunidense. Quizás pronto los trabajadores de ese país redescubran la vitalidad y alegría de la lucha comunitaria, de la palabra y del diálogo creativo en calles y plazas. Ese día la movilización podría abrir el espacio para un programa político que permita revertir la agresión neoliberal.
Alejandro Nadal
http://nadal.com.mx
Tomado de: http://www.jornada.unam.mx/2010/09/08/index.php?section=opinion&article=028a1eco&partner=rss
Se denuncia el silencio de las televisoras en Chile
El equipo de Mapuexpress, en colaboración con Luis Cuello, autor del sitio OTRA PRENSA, presentó esta semana una denuncia ante el Consejo Nacional de Televisión, denunciando el silencio que han guardo los principales noticieros de la televisión abierta ante la huelga de hambre que 32 PPM realizan desde el día 12 de julio.
El día jueves 19, a través del portal del Consejo Nacional de Televisión (www.cntv.cl) y el día viernes 20 de agosto, por escrito, se ingreso una denuncia por infracción del artículo 1 inciso final de la ley 18.838 en lo concerniente a deber de respeto al pluralismo y a la democracia.
Esta denuncia se realiza contra los noticieros de los 4 principales canales de Televisión Abierta: Tele13 (canal 13 UC), Chilevisión noticias (Chilevisión), Meganoticias (Megavisión) y 24 horas (TVN) por omitir toda referencia a la reunión que los voceros de los Presos Políticos en Huelga de hambre realizaron con la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados el día 11 de agosto, en el marco de las gestiones realizadas en Valparaíso y Santiago por los representantes de los huelguistas para visibilizar las demandas de los PPM.
Esta grosera omisión de parte de los principales canales de TV abierta, es sin un duda una muestra mas de la censura que están llevando acabo contra la movilización que los 32 Presos Políticos Mapuche han iniciado desde el 12 de julio, que tiene como objetivo la no aplicación de la ley antiterrorista, el fin del doble procesamiento por parte de la justicia militar y civil, la desmilitarización del territorio mapuche y la libertad de todos los presos políticos mapuche.
Luis Cuello, autor del sitio OTRA PRENSA y redactor del escrito de denuncia señalo “el objetivo es visibilizar un comportamiento sistemático de la televisión, que niega realidades, actores sociales, conflictos y particularmente lo que ellos mismo han llamado “conflicto mapuche”. Existe la practica de dar solo cobertura a hechos que criminalizan la causa mapuche, pero rara vez dan cobertura a las legitimas reivindicaciones del pueblo mapuche”.
Con esta acción se busca que el Consejo Nacional de Televisión abra una investigación y finalmente se pronuncie sobre el compartimiento de los canales denunciados, aplicando las sanciones que establece la ley, en caso de acogerse los argumentos presentados.
El escrito de denuncia señala que La exclusión arbitraria de la pauta informativa del hecho descrito, constituye una abierta infracción a lo prescrito en el art. 1° de la ley 18.838, sobre el correcto funcionamiento de los servicios televisivos, el que se debe regir esctrictamente por el principio del pluralismo. Este principio quiere significar el reconocimiento de la diversidad de expresiones existentes en la sociedad. Se opone a este principio, la negación de la existencia de actores sociales organizados que presentan demandas legítimas. En general resulta esperable que los medios de comunicación otorguen una cobertura pluralista a aquellos temas que están presentes en la agenda pública. En particular, para las concesionarias de televisión, el principio del pluralismo se traduce en el deber jurídico de dar una cobertura a aquellos hechos relevantes socialmente, de un modo que permita a las audiencias estar bien informadas de los asuntos en
debate.
Según la IV Encuesta Nacional de Televisión del año 2008, mas del 70% de los encuestados se informa a través de los noticieros de la TV abierta, siendo la principal vía de información, por tanto . “El silenciamiento de un hecho social y político relevante, como es la huelga de hambre de 32 PPM; por los canales de televisión, implica el establecimiento por la vía de los hechos de una severa limitación al derecho que le asiste a la comunidad de estar informada, deteriorando gravemente el sistema democrático”, señalo Luis Cuello.
Es importante destacar que el no informar adecuadamente sobre el hecho en cuestión, y principalmente, el contenido de las demandas que reivindican los huelguistas, contribuyen a consolidar una visión sesgada de la sociedad hacia el pueblo mapuche, que finalmente se traduce en el fortalecimiento de prejuicio y una visión discriminatoria hacia el pueblo mapuche; lo cual esta expresamente prohibido por el articulo 31 del Convenio 169 de lo OIT, por lo que el estado tiene el deber sancionar estas prácticas.
Al cierre de esta nota, las denuncias habían sido acogidas a tramitación por el Consejo Nacional de Televisión, quedando a la espera del pronunciamiento definitivo.
Reproducimos el texto completo de la denuncia
Señor Presidente
Consejo Nacional de Televisión:
I. Denuncia.
Sergio Millamán, Miembro del Equipo editorial de MAPUEXPRESS y Luis Cuello, editor de OTRA PRENSA respetuosamente decimos:
En ejercicio de la acción pública establecida en el artículo 40 bis de la ley 18.838 que crea el Consejo Nacional de Televisión, venimos en denunciar a los canales Televisión Nacional de Chile, Chilevisión, Megavisión y Canal 13 UC por infringir el artículo 1°, inciso final de la ley 18.838 en lo concerniente al deber de respeto al pluralismo y a la democracia, por los fundamentos de hecho y derecho que a continuación exponemos:
1.- Que los noticiero Meganoticias (Megavisión) emitido el día miércoles 11 de agosto entre las 21:00 y las 22:00 horas, Chilevisión Noticias (Chilevisión) emitido el día miércoles 11 de agosto entre las 21:00 y las 22:00 horas, 24 horas (Televisión Naconal de Chile) emitido el día miércoles 11 de agosto entre las 21:00 y las 22:00 horas; y Tele13 ( Canal 13 UC) emitido el día miércoles 11 de agosto entre las 21:00 y las 22:00 horas omitieron informar acerca de la reunión sostenida entre la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados y voceros de los 31 presos políticos mapuche en huelga de hambre desde el 12 de julio del año en curso, quienes plañeron a la Comisión que se derogue la ley antiterrorista que se aplica en la zona sur, así como el fin de la militarización de la Araucanía y apoyó el proyecto que modifica la justicia militar impidiendo el procesamiento de civiles, como es el caso de los comuneros enjuiciados.
Los diputados de esta Comisión se comprometieron a visitar las cinco cárceles y constatar la situación así como llamar la atención del Gobierno que se está cometiendo una violación sistemática de sus derechos, sobre la base de juicios ilegales con pruebas falsas y usando testigos protegidos para las condenas.
Durante la sesión se exhibió un video que demuestra que un testigo encubierto fue pagado para declarar en contra de un comunero, una práctica habitual del Ministerio Público para perseguir a los mapuches, según denunciaron los voceros mapuches.
Asimismo, la Comisión resolvió modificar la ley antiterrorista, excluyendo los incendios, la asociación ilícita y la amenaza terrorista entre los delitos que contiene y también terminar con la aplicación de la justicia civil y la militar contra los comuneros en una suerte de dobles juicios como se realizan hasta ahora.
Esta reunión se realiza en el marco de las gestiones que los días 11 y 12 de agosto realizaron Voceros y familiares de 31 Presos Políticos Mapuche que desde el día 12 de julio iniciaron una huelga de hambre en los penales de Temuco y Concepción, a la cual se fueron sumando los presos políticos mapuche de las cárceles de Valdivia, Angol y Lebu, siendo al día 12 de agosto un total de 31 personas, los cuales se encuentran en prisión preventiva, en el marco de procesos judiciales donde el Ministerio Público a invocado la ley antiterrorista.
2.- Los programas denunciados, omitieron de un modo absoluto la mención a la sesión indicada arriba. Este acontecimiento constituye un hecho noticioso pues representa la primera reacción institucional al prolongado ayuno de los presos mapuche. La medida de presión se enmarca en el contexto del conflicto que mantienen las comunidades mapuche con el Estado y las empresas forestales, denominado mediáticamente como “conflicto mapuche”.
3.- El hecho noticioso referido, ha sido informado por medios nacionales e internacionales, como se acreditará en el número II (medios de prueba) de esta presentación.
4.- Principio del pluralismo. La exclusión arbitraria de la pauta informativa del hecho descrito, constituye una abierta infracción a lo prescrito en el art. 1° de la ley 18.838, sobre el correcto funcionamiento de los servicios televisivos. En efecto, la ley define “correcto funcionamiento” como “el permanente respeto, a través de su programación, a los valores morales y culturales propios de la Nación, a la dignidad de las personas, a la protección de la familia; al pluralismo; a la democracia; a la paz; a la protección del medio ambiente; y, a la formación espiritual e intelectual de la niñez y la juventud dentro de dicho marco valórico.”
El principio del pluralismo quiere significar el reconocimiento de la diversidad de expresiones existentes en la sociedad. Se opone a este principio, la negación de la existencia de actores sociales organizados que presentan demandas legítimas.
En general resulta esperable que los medios de comunicación otorguen una cobertura pluralista a aquellos temas que están presentes en la agenda pública. En particular, para las concesionarias de televisión, el principio del pluralismo se traduce en el deber jurídico de dar una cobertura a aquellos hechos relevantes socialmente, de un modo que permita a las audiencias estar bien informadas de los asuntos en debate.
5.- La omisión motivo de esta denuncia, es arbitraria, es decir, no se funda en ningún criterio periodístico conocido que justifique negar el acceso a la información a las audiencias. Asimismo es preciso señalar que el silencio sobre un hecho que debió ser informado, constituye una negación radical del principio del pluralismo.
6.- La presente denuncia se refiere al programa individualizado más arriba, en cumplimiento del requisito establecido en el artículo 40 bis de la Ley 18.838 y en consecuencia debe ser ponderada en su mérito.
Dicha norma prescribe que “La denuncia deberá ser formulada por escrito y señalar con precisión la oportunidad en que se cometió la infracción y los hechos que la fundamentan.”
Sin perjuicio de ello, cabe consignar que las concesionarias denunciadas se han negado permanentemente en sus espacios informativos, a darle cobertura a la huelga de hambre de los presos políticos mapuche, no obstante que concurren elementos objetivos de relevancia, tales como el número de huelguistas, su duración, y las razones políticas que empujan dicho movimiento.
Como contrapartida, numerosos medios internacionales y agencias de noticias, cubren de manera regular el desarrollo de estos hechos, así como sus efectos. A modo ejemplar, citamos el reportaje titulado “Piñera hereda el reclamo mapuche”, publicado en el sitio web de BBC Mundo en español con fecha 4 de agosto de 2010.
7.- Principio de la democracia. Constituye un elemento de la esencia de un régimen democrático la efectiva cautela del derecho a la información. Tanto en la Constitución Política de Chile como en numerosos tratados internacionales se protege la libertad de expresión y de información. La Convención Americana de Derechos Humanos -instrumento ratificado por Chile y por tanto incorporado en su ordenamiento jurídico- prescribe en su artículo 13 que “Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento y de expresión. Este derecho comprende la libertad de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro procedimiento de su elección.”
Una de las dimensiones de este derecho, pilar del estado democrático, atiende a la facultad que le asiste a toda persona de recibir informaciones completas, veraces y oportunas. Como apunta el académico argentino Damián Loreti, comprende el “derecho al conocimiento de la noticia como facultad inalienable del ser humano es aquel que le permitirá saber qué ocurre a su alrededor como forma imprescindible de permitir su participación en la comunidad en la que está inserto.” (Loreti, Damián. El Derecho a la Información. Relación entre medios, público y periodistas, Bs. As, Paidos, 1995).
Desde esta perspectiva, el silenciamiento de un hecho social y político relevante por un canal de televisión, implica el establecimiento por la vía de los hechos de una severa limitación al derecho que le asiste a la comunidad de estar informada, deteriorando gravemente el sistema democrático.
Es un hecho público y notorio, que la mayoría de las personas se informa a través de los noticieros de las estaciones televisivas. La VI Encuesta Nacional de Televisión de 2008, elaborado por el Consejo que usted preside, arroja datos que ratifican esa realidad. El estudio concluye que un 74,7 % de los encuestados consume noticieros de televisión abierta “todos los días”. Asimismo, un 76% de los entrevistados declara consumir “todos los días” televisión abierta, opción que supera largamente a otros medios de comunicación como la radio e Internet.
Resulta pertinente citar este estudio ,el último realizado por el Consejo Nacional de Televisión, toda vez que la información contenida en él permite concluir que cuando las concesionarias de televisión recurren como práctica sistemática al silenciamiento de temas y actores, ello se traduce en que la mayor parte de los ciudadanos ignorará de modo absoluto hechos y procesos en desarrollo. De esta suerte, la televisión, en tanto medio de comunicación social, no sólo impide que los ciudadanos se formen una opinión acerca de las posiciones e intereses en juego, sino que además atenta contra el normal funcionamiento de un sistema que se pretende democrático.
8.- Estos hechos constituyen una grave violación al Convenio 169 de la OIT, vigente en Chile desde el 15 de septiembre del año 2009.
En su artículo 31 señala: Deberán adoptarse medidas de carácter educativo en todos los sectores de la comunidad nacional, y especialmente en los que estén en contacto más directo con los pueblos interesados, con objeto de eliminar los prejuicios que pudieran tener con respecto a esos pueblos. A tal fin, deberán hacerse esfuerzos por asegurar que los libros de historia y demás material didáctico ofrezcan una descripción equitativa, exacta e instructiva de las sociedades y culturas de los pueblos interesados.
El deber de eliminar todo tipo de prejuicios hacia los pueblos indígenas, es un deber tanto para el estado como la sociedad en general. Los medios de comunicación tienen un deber de respeto y de no discriminación hacia los pueblos indígenas, y la prohibición de difundir prejuicios contra los pueblos indígenas. El Estado a la vez es responsable de esta infracción al no sancionar la discriminación y difusión de prejuicios hacia los pueblos indígenas.
El no informar adecuadamente sobre el hecho en cuestión, y principalmente, el contenido de las demandas que reivindican los huelguistas, contribuyen a consolidar una visión sesgada de la sociedad hacia el pueblo mapuche, que finalmente se traduce en el fortalecimiento de prejuicio y una visión discriminatoria hacia el pueblo mapuche
POR TANTO, estando dentro de plazo y en atención a los antecedentes expuestos y normas citadas;
Solicitamos al Consejo que declare procedente las presentes denuncias en contra de los Canales Televisión Nacional de Chile, Chilevisión, Megavisión y Canal 13 UC por infringir en su programas 24 horas, Chilevisión Noticias, Meganoticias y Tele13 emitidos el día 11 de Agosto de 2010, el artículo 1°, inciso final de la ley 18.838 en lo concerniente al deber de respeto al pluralismo y democracia; someterla a tramitación y en definitiva aplicar las máximas sanciones que establece la ley.
II. Medios de Prueba
Rogamos tener por acompañada las siguientes referencias que acreditan la efectiva ocurrencia del hecho cuya omisión arbitraria se denuncia:
1. “Comisión de DDHH trató situación de mapuches en huelga de hambre”, en el sitio web de la Cámara de Diputados:http://www.camara.cl/prensa/
2. “Diputados de comisión de DD.HH visitarían a mapuches en huelga de hambre” en Radio Universidad de Chile: http://radio.uchile.cl/
3.“Piñera hereda el reclamo mapuche”, en BBC Mundo: http://www.bbc.co.uk/mundo/
4. "Continúa huelga de hambre de 31 presos políticos Mapuches en cárceles de Chile”, en TeleSur: http://www.telesurtv.net/
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